El trabajo infantil: subsistencia frente a explotación.

En diciembre de 2013 los medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones efectuadas por el presidente boliviano, Evo Morales, en las que defendía el y trabajo infantil, argumentando que no debería eliminarse porque "crea conciencia social en los niños y adolescentes", aunque matizaba que "en ningún caso deberían ser explotados". No trato aquí de criticar la inoportunidad de las manifestaciones, pues el hecho de que un niño realice una actividad laboral -en muchísimos casos en actividades nocivas y peligrosas-, no solo no crea conciencia social, sino que más bien de lo que deberíamos concienciarnos es precisamente de lo contrario.

Dicho y hecho: el Gobierno de Bolivia promulgó el día 17 del pasado mes de junio, mediante la Ley 548, el “Código del Niño, Niña y Adolescente”, que autoriza de forma "excepcional" el trabajo infantil desde los diez años; de 12 a 14 años se permite el trabajo remunerado, siempre que cuente con la autorización de los padres y de la Administración Pública; y partir de los 14 años, se autoriza el trabajo en la medida que se cumplan los derechos laborales. 

La Declaración de los Derechos Humanos, y la Organización de las Naciones Unidas, establecen que los niños tienen derecho a protección y asistencia especiales. Y en relación al trabajo infantil, la normativa internacional de derechos humanos lo prohibe y recomienda la elaboración de políticas públicas para lograr su erradicación. En la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado boliviano en mayo de 1990, se manifiesta el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo, disponiendo la nueva Constitución boliviana del 2007, que “los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”. Y los artículos 60 y 61 recogen la necesidad de velar por el interés superior del niño y prohíben el trabajo forzado así como la explotación infantil. Digamos, por tanto, que la normativa boliviana es, como poco, de dudosa legalidad. Sin embargo, frente a ello, chocamos con una realidad incuestionable: los datos que ofrece UNICEF son escalofriantes. Del millón y medio de niños de 7 a 13 años que hay en Bolivia, cerca de 116.000 trabajan. En Bolivia más de la cuarta parte de los 729.000 adolescentes entre los 14 y 17 años, trabaja. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe de 2008 sobre “Magnitud y Características sobre el Trabajo Infantil en Bolivia”, incluso eleva la cifra a 27,94% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años (alrededor de 848.000 personas).

La cuestión es, por un lado, que es obvio que el niño que trabaja en Bolivia lo hace por una necesidad de subsistencia familiar, por lo que negarles esa posibilidad es colocar a la familia en una situación de mayor precariedad. Ante este estado, y sin negar, por supuesto, los efectos nocivos que para el niño puede llegar a tener la participación en actividades productivas en los que respecta a su salud, seguridad y su educación, ¿no es mejor regular esta situación de hecho, proteger al menor de los explotadores y garantizar sus derechos, que mantener esa situación de alegalidad? Y por otro lado ¿en qué medida este trabajo infantil contribuye a la recuperación económica de un país subdesarrollado a nivel global? Y es que de nuevo nos enfrentamos a la rotundidad de las cifras. Bolivia, que durante muchos años ha liderado la lista de los países más pobres de Latinoamérica, ha pasado a ser una de las economías más pujantes de la región: según el último informe de “Actualización de perspectivas económicas regionales: hemisferio occidental”, del Fondo Monetario Internacional, de 10 de octubre, Bolivia creció un 6,5 % en 2013, con previsiones de crecimiento del 5,2 y el 5 por ciento para los años 2014 y 2015. En cuanto al desempleo, el Fondo estima que este año la tasa se quedará en el 6,3 % de la población activa, un punto porcentual menos que 2013, y en 2015 se situará en el 6,2 %. Además, Según el Banco Mundial, la pobreza moderada se redujo del 63% en 2002 al 45% en 2011, mientras que el índice de Gini de desigualdad cayó de 0.60 a 0.46 en el mismo periodo. Y la deuda pública disminuyó del 94% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2003 a menos del 40% en 2013. El Banco Mundial califica los resultados como “extraordinarios”, afirmando que se deben a que “los segmentos más pobres de la población se han beneficiado en mayor medida de la bonanza económica”. Hay voces, incluso, que defienden que la ilegalización del trabajo infantil puedo contribuir a su incremento.

No pretendo ser simplista. Es evidente que esos buenos resultados de la economía boliviana no se deben exclusivamente a la producción infantil (más bien son consecuencia de la política de nacionalización de hidrocarburos y el auge de la extracción de gas), pero no podemos negar la importancia que esa cantidad de mano de obra ha de tener, necesariamente, en la productividad del país. Y no es Bolivia el único caso. Los países subdesarrollados con mejores índices de crecimiento en los últimos años, como Perú, India o China, padecen también elevadas cifras de explotación infantil. Y lo mismo ocurrió en los países del “Primer Mundo” durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Son hechos incuestionables.

Quizás deberíamos de dejar de rasgarnos las vestiduras ante medidas como la del Gobierno boliviano, y partir del reconocimiento de la existencia de una realidad: que el trabajo infantil no es sino es uno de los síntomas de un problema de pobreza y desigualdad social y no va a disminuir mientras no disminuyan estas, respetando incluso las singularidades culturales (para los quechuas, el trabajo significa “ayuda” y está relacionado a la felicidad). Hemos de aceptar que el trabajo infantil no puede erradicarse de un día para otro, y que por ello se precisan soluciones efectivas: a largo plazo, no perder jamás la perspectiva de que este fenómeno no es el más apropiado para el desarrollo de una sociedad moderna y el bienestar de los niños; a corto plazo procurando la protección de la infancia y la eliminación la esclavitud, la explotación y el desarrollo de trabajos nocivos a través de la aplicación de las leyes. Es el único modo de que podamos llevar a efecto la reflexión del flamante Nobel de la Paz Kailash Satyarthi: “El crecimiento y la economía e mercado no pueden prosperar dando la mano a la esclavitud y el tráfico infantil. No puedes hacer este mundo mejor, más pacífico y apto para vivir teniendo el peso de la esclavitud infantil no en tu espalda, sino en tu cara".